En medio de protestas ciudadanas, el Congreso local, con mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua potable a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad.
Especialistas y ambientalistas criticaron la nueva ley con el argumento de que administrar dicho recurso es una obligación que corresponde al Estado; advirtieron que no se trata de una ley de aguas que garantice el acceso como derecho humano ni su manejo integral, sino económico para beneficiar a la iniciativa privada.
La Ley que Regula la Prestación de los Aervicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, de 215 artículos, fue avalada con 16 votos: 13 del Partido Acción Nacional (PAN); tres del local Querétaro Independiente (PQI); seis en contra, cinco de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como dos abstenciones del tricolor y una ausencia del Verde Ecologista de México.
En el capítulo 2 se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o cualquier otro que se derive de la normativa aplicable.
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