Gobierno federal redefine su relación con las iglesias: vigilancia estricta a cultos investigados por abuso y corrupción

 

En lo que podría considerarse un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y los grupos religiosos, el gobierno federal ha lanzado un operativo de fiscalización y justicia dirigido a organizaciones que han acumulado denuncias por violaciones graves a los derechos humanos y a las leyes fiscales del país. La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová están al frente de este proceso, el cual busca desmontar mecanismos de poder y encubrimiento institucional disfrazados de culto religioso.

Las investigaciones en curso tienen múltiples vertientes: desde el uso ilícito de recursos hasta la omisión en el reporte de abusos sexuales cometidos por miembros de alto rango. En el caso de La Luz del Mundo, el antecedente internacional es contundente. Su líder, Naasón Joaquín García, fue condenado por crímenes sexuales en 2022 y en 2023 se le sumaron cargos por delitos aún más graves. La Fiscalía mexicana ha reactivado expedientes relacionados con posibles redes de trata, desvío de donativos y protección institucional.

Además, la estructura financiera de la organización ha sido objeto de revisión, ante evidencias de triangulación de recursos mediante fundaciones religiosas y asociaciones sin fines de lucro, que podrían haber servido como pantallas para el lavado de dinero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ha iniciado auditorías a dichas entidades.

Mientras tanto, la estructura cerrada y altamente disciplinada de los Testigos de Jehová ha motivado una evaluación legal de sus procedimientos internos. La revisión tiene por objeto determinar si, al interior de sus congregaciones, se han producido encubrimientos o violaciones a los derechos individuales, particularmente en el tratamiento de menores de edad. Informes internacionales han señalado que estas prácticas están documentadas en múltiples países y México no puede permanecer ajeno.

La reforma al artículo 130 constitucional, así como a diversas disposiciones del Código Penal Federal, está siendo considerada como una medida complementaria para prevenir futuras omisiones. Se prevé la creación de un registro nacional de agrupaciones religiosas sometido a auditorías periódicas, con obligación de rendición de cuentas públicas y transparencia financiera.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer el alcance de esta intervención estatal. No se descarta la presentación de cargos penales, la revocación de registros como asociaciones religiosas, ni el congelamiento de bienes obtenidos de forma ilícita. En un país donde históricamente el poder religioso ha operado con escaso control, estas acciones representan una oportunidad para garantizar que la ley sea pareja y efectiva para todos.