Durante décadas, el imaginario sobre los paraísos fiscales estuvo ligado a postales exóticas: bancos discretos en islas tropicales, maletines llenos de efectivo y empresas de fachada con nombres anodinos. Sin embargo, esa imagen pertenece al pasado. Hoy, la riqueza oculta viaja sin salir de la pantalla.
Los nuevos refugios de capital ya no requieren presencia física. Se activan desde cuentas en la nube, se gestionan a través de plataformas jurídicas digitales y, en muchos casos, se camuflan en jurisdicciones que hasta hace poco parecían ajenas a la industria del secreto financiero.
“Lo que antes implicaba traslados físicos, abogados especializados y redes complejas de sociedades, ahora puede hacerse en minutos, con un clic, desde cualquier lugar del mundo”, explicó Jason Sharman, profesor de la Universidad de Cambridge y especialista en flujos ilícitos internacionales.
Lo más perturbador es que, aunque estas estructuras drenan recursos públicos y profundizan la desigualdad, casi ninguna de ellas es ilegal.
Un cambio silencioso en el mapa del dinero oculto
En los últimos tres años, investigadores han detectado un desplazamiento del capital secreto. Las jurisdicciones clásicas —Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles— han comenzado a perder atractivo por la presión regulatoria internacional.
Sin embargo, el dinero no ha dejado de fluir: simplemente ha cambiado de destino. “Estamos viendo una migración hacia jurisdicciones con tecnología avanzada, marcos regulatorios flexibles y escasa cooperación internacional”, señaló Alex Cobham, director de la organización Tax Justice Network. “No desaparecen los paraísos fiscales: se transforman”.
Entre los nuevos epicentros figuran territorios que han adoptado legislaciones para blindar la identidad de los propietarios reales de empresas, fideicomisos e inmuebles, ofreciendo anonimato casi absoluto a cambio de comisiones. En muchos casos, se trata de países que no suelen figurar en las listas negras tradicionales, lo que dificulta su fiscalización.
Dubái: propiedades de lujo, identidades invisibles
En mayo de 2024, el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) publicó la investigación Dubai Unlocked, basada en una filtración de datos inmobiliarios que reveló a más de 100,000 propietarios extranjeros en Dubái.
La lista incluía oligarcas sancionados, políticos activos, exjefes de Estado y empresarios bajo investigación por corrupción o lavado de dinero. Muchos adquirieron propiedades mediante empresas registradas en paraísos fiscales clásicos, operadas por fiduciarias privadas, lo que permitía ocultar su identidad en los registros públicos.
“Es un mercado inmobiliario diseñado para no hacer preguntas”, afirmó Michel Claessens, uno de los periodistas que participó en el proyecto.
Dubái, que no exige revelar a los beneficiarios reales de las propiedades, se ha convertido en un refugio atractivo para fortunas que buscan escapar del escrutinio judicial y de los regímenes de sanciones internacionales.
Las viejas guaridas no se rinden
Mientras Dubái gana terreno, los paraísos fiscales tradicionales intentan adaptarse para no perder relevancia. Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y otros territorios de ultramar del Reino Unido llevan años prometiendo crear registros públicos de beneficiarios reales.
Pero en julio de 2025, una investigación de The Guardian reveló que estos territorios incumplieron por tercera vez el plazo final para establecer esos registros. En su lugar, propusieron sistemas restringidos en los que solo ciertas autoridades pueden acceder a la información, dejando amplios márgenes de opacidad.
“El Reino Unido se enfrenta a un dilema: presiona a otros países para que implementen transparencia, mientras protege los intereses financieros de sus propios territorios”, señaló Cobham.
Según cálculos de Global Financial Integrity publicados en 2024, al menos 1.1 billones de dólares salen cada año de países en desarrollo a través de mecanismos de elusión y evasión fiscal. Ese dinero, que podría financiar hospitales, escuelas o infraestructura, termina protegido por capas de empresas pantalla, fideicomisos opacos y despachos legales que operan en múltiples jurisdicciones.
South Dakota: un paraíso fiscal en el corazón de Estados Unidos
Lejos de las islas tropicales, uno de los refugios más seguros para las fortunas privadas está hoy en el centro de Estados Unidos. South Dakota se ha consolidado como un destino de confianza para los llamados “trusts perpetuos”, estructuras legales que permiten proteger el patrimonio de impuestos, deudas, divorcios y de casi cualquier obligación futura, de forma indefinida.
Lo paradójico es que, en lugar de reforzar la transparencia, el propio Departamento del Tesoro estadounidense debilitó recientemente los controles. En 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma que exime a ciertas empresas domésticas de reportar a sus propietarios reales bajo la Corporate Transparency Act, una ley diseñada precisamente para cerrar vacíos legales.
“Cuando incluso las grandes economías retroceden en transparencia, dan cobertura a todos los demás para hacer lo mismo”, advirtió Cobham.
Una desigualdad blindada
El problema no es solo moral o simbólico. Mientras las élites con recursos suficientes protegen su riqueza en bóvedas legales, la carga fiscal recae sobre quienes no tienen cómo ocultar sus ingresos.
La evasión y la elusión fiscal alimentan la desigualdad, pero además erosionan la confianza pública: los ciudadanos ven desaparecer recursos del presupuesto mientras las grandes fortunas permanecen intocables.
Y todo ocurre, como advierten los investigadores, bajo un marco cuidadosamente diseñado para parecer legal.
“Estos sistemas no están hechos para ser transparentes”, explicó Sharman. “Están hechos para que nadie pueda seguir el rastro, y para que quienes lo intenten, pierdan”.
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