Reconocimiento vs redistribución: políticas ‘inclusivas’ que no cambian desigualdad material

En los últimos años, muchas políticas públicas han aprendido a hablar el lenguaje correcto: inclusión, diversidad, no discriminación, perspectiva de género, interculturalidad. Ese giro no es menor: nombra violencias antes normalizadas y abre espacios simbólicos reales. El problema aparece cuando el reconocimiento se confunde con transformación material. Una política puede reconocer identidades, crear protocolos y modificar discursos institucionales, y aun así dejar intacta la estructura que produce desigualdad: empleo precario, vivienda inaccesible, servicios públicos segmentados, justicia lenta, deuda familiar y herencias desiguales.

Nancy Fraser planteó con claridad que la justicia contemporánea enfrenta un dilema: reconocimiento y redistribución no son lo mismo. El reconocimiento repara estatus, dignidad y pertenencia; la redistribución repara acceso real a recursos y capacidades. Cuando una política se queda en el plano simbólico —campañas, conmemoraciones, capacitación, lenguaje inclusivo, sellos institucionales— puede mejorar el clima cultural sin tocar los mecanismos que generan asimetrías de ingreso, riqueza y seguridad. El riesgo es que el Estado “progrese” en el discurso mientras la desigualdad persiste en los bolsillos.

Aquí conviene una pregunta simple y brutal: ¿qué parte de la política es simbólica y cuál es presupuestaria? La diferencia no es estética, es causal. Lo simbólico cambia narrativas; lo presupuestario cambia oportunidades. Un programa de “inclusión” que no modifica reglas de acceso a empleo formal, cuidado, salud, educación, movilidad, seguridad y justicia suele producir reconocimiento sin redistribución: integra a algunos en el relato, pero no en el mercado ni en el Estado de bienestar.

Rawls aporta una brújula normativa para detectar el autoengaño. Si una política presume ser justa, debería mejorar —de manera verificable— la situación de quienes están peor, y no solo ofrecer igualdad formal de trato. Dicho de otro modo: una política “inclusiva” que no mueve el piso material corre el riesgo de convertirse en igualdad declarativa: todos son reconocidos, pero no todos pueden ejercer derechos en condiciones comparables. La justicia se vuelve una promesa moral sin diseño institucional suficiente.

El mecanismo de la ilusión inclusiva

Hay tres mecanismos recurrentes por los que políticas de reconocimiento pueden no traducirse en redistribución:

1. Cumplimiento narrativo
   La institución optimiza lo medible y visible: talleres, manuales, lineamientos, comités. Son señales de modernización, pero no necesariamente modifican el acceso a recursos. Se “cumple” en indicadores de actividad, no en indicadores de resultados materiales.

2. Inclusión competitiva en escasez
   Si el presupuesto total no crece, la inclusión suele operar como reasignación de migajas: grupos compiten por cupos, becas, apoyos o atención, mientras el sistema de provisión sigue siendo insuficiente. La política puede producir reconocimiento y, al mismo tiempo, intensificar conflicto distributivo entre grupos vulnerables.

3. Desplazamiento del conflicto
   Cuando la discusión pública se concentra en símbolos, la estructura queda fuera de foco. La desigualdad material se vuelve “tema técnico” (finanzas públicas, productividad, mercado laboral), mientras la identidad se vuelve el campo de batalla visible. El resultado puede ser políticamente útil: mucha conversación, poca redistribución.

Efectos no intencionales de políticas identitarias

Las políticas identitarias pueden generar efectos no buscados que conviene anticipar y medir, no moralizar.

• Backlash y polarización afectiva: cuando el reconocimiento se presenta como suma cero, se construye resentimiento y se fortalece el discurso de agravio.

• Tokenismo institucional: inclusión como vitrina (una persona o un cargo simbólico) sin poder real de decisión ni presupuesto.

• Segmentación del acceso: se crean programas especializados que atienden síntomas en lugar de integrar derechos universales robustos; se “encapsula” la desigualdad en ventanillas, en vez de corregir el sistema general.

• Desresponsabilización estructural: si el problema se narra como “falta de sensibilidad”, se desplaza el debate sobre salarios, cuidados, vivienda, impuestos, informalidad y captura regulatoria.

Nada de esto implica abandonar el reconocimiento. Implica exigirle densidad material. Una política de inclusión madura debería poder responder con evidencia a dos preguntas: ¿qué cambió en ingresos, tiempo, seguridad, salud, escolaridad, vivienda de los grupos objetivo? y ¿qué cambió en reglas e instituciones para que ese cambio no dependa de buena voluntad, sino de diseño?

Una regla práctica para evaluar “inclusión” con seriedad

Si la política no puede mostrar presupuesto, mecanismo y resultado, está incompleta.

• Presupuesto: cuánto, de dónde sale, a quién llega, con qué continuidad.

• Mecanismo: qué regla cambia (acceso, elegibilidad, sanción, provisión, infraestructura, personal, coordinación).

• Resultado: qué indicador de bienestar se mueve, y cómo se reduce brecha, no solo cómo se produce actividad.

La inclusión real no es solo un lenguaje; es una redistribución de capacidades. El reconocimiento abre la puerta de la dignidad. La redistribución permite cruzarla.

Referencias 

Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a “post-socialist” age. New Left Review, 212, 68–93.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.