“Neutral” es una palabra que tranquiliza. Sugiere que nadie fue favorecido, que la regla se aplicó igual, que el árbitro no tomó partido. Pero en política pública y en derecho, la neutralidad puede funcionar como una forma sofisticada de sesgo: ser ciego al contexto. Reglas idénticas para realidades distintas producen resultados desiguales, y el sistema se lava las manos porque nadie “intentó” discriminar. El sesgo, entonces, no siempre es intención; a menudo es estructura.
La justicia distributiva lleva décadas advirtiendo esta trampa. Tratar a todos igual no siempre es justo si las condiciones de partida son profundamente distintas. Rawls lo formuló como un problema de diseño: principios de justicia deben evaluarse por cómo afectan a quienes están peor situados, no por la pureza formal de la regla. La igualdad procedimental puede ser impecable y, aun así, reproducir desigualdad sustantiva. En ese sentido, “neutralidad” puede significar: no mirar las asimetrías.
En derecho, esa ceguera suele convertirse en dispositivo institucional. Un requisito “neutro” —formularios, plazos, documentos, comparecencias, lenguaje técnico— opera como filtro que selecciona por capacidad administrativa, tiempo disponible y capital cultural. Quien tiene abogado, computadora, internet, horarios flexibles y experiencia burocrática cumple; quien vive al día falla. La misma regla, aplicada a todos, termina funcionando como un impuesto regresivo: castiga más a quien menos puede absorber costos de cumplimiento.
La teoría crítica lo diría sin rodeos: la neutralidad no es ausencia de poder; es una manera de presentar el poder como naturaleza. Cuando una institución define su regla como neutral, también define como “excepciones” las desigualdades que produce. La desigualdad deja de ser responsabilidad del diseño y se vuelve “fracaso individual” del que no pudo adaptarse. Así, el sesgo se privatiza: ya no es del sistema, es del ciudadano.
La economía del derecho añade el incentivo: reglas “simples” y uniformes reducen costos administrativos para el Estado, pero pueden transferir esos costos a la ciudadanía. Es la lógica del ahorro institucional: simplificas para ti, complejizas para el usuario. Y cuando esa carga recae en poblaciones con menos recursos, el resultado es desigualdad fabricada por eficiencia.
El punto más incómodo es que este sesgo estructural suele ser difícil de impugnar. Si no hay intención discriminatoria, el sistema se defiende con una coartada perfecta: “aplicamos lo mismo para todos”. Sin embargo, el daño existe y es medible: tasas diferenciadas de acceso a servicios, de cumplimiento, de sanción, de abandono de trámites. La desigualdad aparece en el output, no en la justificación.
Por eso la discusión madura no debería preguntar solo si una norma es “neutral”, sino si es proporcional y contextual. Diseñar justicia no es diseñar simetría, sino diseñar reglas capaces de producir igualdad real bajo condiciones desiguales. Eso puede implicar escalas, excepciones justificadas, apoyos de acceso, simplificación para el usuario —no para la institución— y mecanismos de corrección cuando la regla uniforme expulsa sistemáticamente a los mismos de siempre.
La neutralidad que sesga no es un problema de maldad; es un problema de diseño. Y como todo problema de diseño, puede corregirse. Pero solo si dejamos de tratar la igualdad formal como fin en sí mismo y empezamos a tratarla como lo que es: un medio que, sin contexto, puede convertirse en máscara de la desigualdad.
Referencias
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Sen, A. (1992). Inequality reexamined. Harvard University Press.
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159(3810), 56–63.
Sunstein, C. R. (1996). The anticaste principle. Michigan Law Review, 92(8), 2410–2455.
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