La paradoja de la tolerancia aplicada al debate público

Se repite una intuición tranquilizadora: la tolerancia es un bien que crece cuanto más se extiende. Si dejamos hablar a todos, la verdad —o al menos un consenso razonable— terminará emergiendo. La paradoja es que esa promesa falla precisamente en el momento en que la tolerancia se enfrenta a actores que no la entienden como valor, sino como oportunidad táctica: usan el espacio abierto no para debatir, sino para erosionar las condiciones mismas del debate. Karl Popper lo formuló con crudeza: una tolerancia ilimitada puede terminar eliminando la tolerancia, porque permite que fuerzas intolerantes destruyan el marco que les permitió hablar.

El problema no es filosófico en abstracto; es operativo. En el debate público real, “tolerar” no significa solo escuchar argumentos: significa administrar un ecosistema donde hay asimetrías de poder, incentivos de atención, técnicas de manipulación y daños no siempre visibles. Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuánta tolerancia destruye la tolerancia? Si todo se permite, el espacio puede ser capturado por quienes gritan más, hostigan mejor o convierten la conversación en intimidación. Si se modera demasiado, el pluralismo se vacía y la moderación se vuelve censura.

La teoría política ofrece dos brújulas que suelen chocar. Una viene de John Stuart Mill y su principio de daño: el límite legítimo a la libertad de expresión no es la ofensa, sino el daño real a terceros. La otra viene de la ética del discurso y la deliberación democrática (Habermas): el debate público requiere condiciones mínimas de reciprocidad, razones y disposición a aceptar reglas; si esas condiciones se rompen, ya no hay deliberación, solo disputa por dominación. En términos simples: Mill pregunta “¿a quién daña?”; Habermas pregunta “¿permite seguir discutiendo en términos racionales y recíprocos?”. Ambas son necesarias, pero ninguna resuelve sola el dilema contemporáneo.

En la práctica, el debate público se rompe de dos maneras que a menudo se confunden. La primera es el daño directo: incitación a la violencia, amenazas, doxxing, hostigamiento coordinado, campañas de deshumanización. Aquí la discusión sobre límites tiene un terreno más firme: incluso en marcos muy protectores de la libertad de expresión, la incitación o la amenaza se tratan como actos, no como “ideas”. La segunda es más sutil y por eso más difícil: la captura procedimental. No se trata de decir “maten a X”, sino de saturar el espacio con ruido, ironía, insinuaciones, desinformación calculada, teorías imposibles de falsar, y tácticas de desgaste que convierten cualquier conversación en un pantano. Este segundo tipo de daño no siempre es punible en términos penales, pero puede ser devastador para la deliberación: vuelve imposible la construcción de acuerdos, normaliza el cinismo y reduce el costo social de mentir.

Aquí conviene desmontar un malentendido frecuente: moderar no es “decidir la verdad”. Moderar es, idealmente, proteger el procedimiento. Un espacio público tolerante no es aquel donde todo discurso vale lo mismo; es aquel donde se sostienen condiciones para que las diferencias puedan tramitarse sin coerción. Por eso la moderación democrática, cuando es legítima, se parece menos a una policía del pensamiento y más a un conjunto de reglas sobre conductas: no amenazar, no hostigar, no organizar persecuciones, no suplantar identidades, no usar la libertad de expresión como arma para expulsar a otros del espacio. El objetivo no es borrar conflicto; es evitar que el conflicto se convierta en eliminación del adversario como interlocutor.

El gran riesgo —y el que alimenta la acusación de censura— aparece cuando la moderación se vuelve opaca, discrecional o políticamente sesgada. La regulación del discurso puede convertirse en captura si quien modera controla las reglas, interpreta los límites y decide sin rendición de cuentas. En ese punto, la paradoja se invierte: la moderación “para proteger” se vuelve moderación “para gobernar”. Y es ahí donde el debate contemporáneo se envenena, porque ambos bandos tienen un argumento plausible: sin reglas, el espacio se vuelve inhabitable; con reglas opacas, el espacio se vuelve manipulable.

La salida institucional que proponen muchas corrientes de teoría democrática no es elegir entre “todo vale” o “prohibamos”. Es exigir estándares de legitimidad para cualquier forma de regulación del discurso: reglas claras, criterios consistentes, debido proceso, posibilidad de apelación, proporcionalidad de sanciones y trazabilidad de decisiones. Dicho de otro modo: si la moderación es necesaria, entonces debe volverse auditada. La tolerancia no se defiende con arbitrariedad; se defiende con reglas que puedan ser explicadas sin recurrir al “porque sí”.

También es clave entender que el pluralismo no es un buffet infinito de opiniones sin consecuencias. La tolerancia democrática presupone un mínimo ético: reconocer al otro como parte del “nosotros” político, aunque discrepemos. Cuando un discurso está diseñado para expulsar a grupos completos de la comunidad moral —deshumanizarlos, negarles derechos básicos o convertirlos en amenaza existencial— no está participando de la deliberación: está minando su posibilidad. Popper no pedía censura automática; pedía reconocer el punto en el que la tolerancia deja de ser virtud y se vuelve suicidio institucional.

En el fondo, la paradoja de la tolerancia aplicada al debate público no se resuelve con slogans, porque es una tensión estructural entre dos bienes: libertad y convivencia democrática. La pregunta útil no es “¿debo tolerar todo?” sino “¿qué reglas sostienen un espacio donde la libertad no se convierta en arma para destruir la libertad?”. Si no hacemos esa distinción, el debate seguirá atrapado en un falso dilema: o celebramos el caos como libertad, o celebramos la mordaza como orden. Y ninguna de las dos cosas es tolerancia.

Referencias 

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (Vol. 1). Beacon Press.

Mill, J. S. (1859/2003). On liberty. Yale University Press. (Trabajo original publicado en 1859)

Popper, K. (1945/2013). The open society and its enemies (Vol. 1). Princeton University Press. (Trabajo original publicado en 1945)

Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.

Waldron, J. (2012). The harm in hate speech. Harvard University Press.