Desde la fe moderna en el “Estado racional” hasta el mito cotidiano de que los papeles solo documentan la realidad, se repite una creencia tranquilizadora: primero ocurren los hechos y después la burocracia los registra. La investigación sugiere el reverso más inquietante: en buena parte de la vida pública, la burocracia no solo registra; produce realidad. El expediente, el sello, el requisito, la constancia y el formato no son accesorios: son dispositivos que fabrican “verdad” oficial. Y esa verdad tiene una propiedad brutal: lo que no cabe en un formulario suele dejar de existir para el Estado.
La sociología del Estado y la antropología burocrática han insistido en que el poder administrativo opera mediante clasificación. El Estado necesita hacer legible una sociedad compleja: convertir vidas en categorías, procesos en casillas, relaciones en documentos. Ese acto no es neutral. Cuando una persona se vuelve “solicitante”, “beneficiario”, “no elegible”, “incompleto”, “prevención”, “pendiente”, el Estado no solo nombra: decide qué puede ser atendido y qué será descartado. La burocracia, así, funciona como una epistemología práctica: un sistema de conocimiento que determina qué cuenta como evidencia, qué cuenta como problema y qué cuenta como solución.
Esta lógica se vuelve visible en el punto de contacto entre institución y ciudadanía. Michael Lipsky llamó street-level bureaucracy al espacio donde agentes públicos implementan políticas bajo recursos escasos, reglas ambiguas y presiones de desempeño. En ese nivel, la “verdad” no se decide en un debate filosófico, sino en microdecisiones: qué documento sirve, qué firma falta, qué interpretación aplica, qué caso “no procede”. Ahí el derecho se vuelve procedimiento, y el procedimiento se vuelve filtro. No porque el Estado sea una máquina malvada, sino porque su modo de operar exige simplificar lo complejo para volverlo administrable.
El concepto de cargas administrativas (administrative burden) hace todavía más nítido el mecanismo. Moynihan, Herd y Harvey describen que la interacción con el Estado impone costos de aprendizaje (entender reglas), de cumplimiento (papeles, tiempo, traslados) y psicológicos (estrés, estigma). El punto central para esta nota es epistemológico: cuando el acceso a un derecho depende de atravesar esas cargas, la burocracia produce una verdad implícita sobre la persona: “merece/no merece”, “es responsable/no es responsable”, “cumple/no cumple”. La elegibilidad puede existir; la realidad administrativa puede negarla sin decir “no”, simplemente por incompatibilidad con el formato.
Hay datos que muestran que esta “verdad por trámite” no es un debate abstracto. En el caso de programas sociales analizados en Estados Unidos, Pamela Herd reporta que entre personas elegibles que no participan en SNAP, una proporción relevante cree que no es elegible, y entre no participantes aparecen como barreras el papeleo y la falta de tiempo; además, entre quienes iniciaron y abandonaron el proceso, una fracción atribuye el abandono a las cargas del trámite. El patrón importa más que el país: cuando el procedimiento se vuelve denso, el Estado fabrica una estadística oficial que parece “decisión individual” (no solicitó, no concluyó, no cumplió), pero que en realidad es un resultado institucional: la persona no es que “no exista”, es que no logró existir en el lenguaje del expediente (Herd, 2015).
Por eso el trámite puede entenderse como epistemología: porque define el umbral de realidad pública. Un hecho sin documento puede ser socialmente indiscutible y, aun así, administrativamente inexistente. Una necesidad sin comprobante puede ser evidente y, aun así, jurídicamente irrelevante. La burocracia no niega el dolor; niega su forma válida. Y ese es el corazón del poder administrativo: no siempre decide con violencia, decide con criterios de prueba.
Esta forma de conocer también tiene efectos distributivos. Quien posee “capital burocrático” (tiempo, alfabetización administrativa, conectividad, impresoras, asesoría, redes) traduce su vida al idioma del Estado. Quien no lo tiene paga con exclusión, retraso o desistimiento. Así, la desigualdad no solo se reproduce por ingresos; se reproduce por capacidad de volverse legible. El expediente es el nuevo campo donde se disputa ciudadanía: no basta tener derecho; hay que poder probarlo en el formato correcto, en el tiempo correcto, en la oficina correcta.
La consecuencia política es incómoda: cuando una sociedad confía demasiado en la verdad documental, corre el riesgo de confundir “lo comprobable” con “lo real”. Y esa confusión es funcional para el poder: permite negar sin negar, excluir sin declarar exclusión, fallar sin admitir fracaso. El archivo, el sello y la casilla no solo ordenan; también blindan. En nombre de la objetividad, el expediente decide quién existe.
Si el objetivo democrático es que el Estado sirva a la vida social y no al revés, el estándar no debería ser “¿está en regla?” sino “¿el procedimiento convierte derechos en acceso?”. Eso exige rediseñar la epistemología administrativa: simplificar pruebas, reducir requisitos redundantes, hacer visibles los criterios, medir desistimientos, estandarizar decisiones y auditar discrecionalidad. No para abolir la burocracia, sino para evitar su deriva más peligrosa: cuando el trámite deja de ser infraestructura y se convierte en ontología, el Estado ya no administra papeles; administra realidad.
Referencias
Gupta, A. (2012). Red tape: Bureaucracy, structural violence, and poverty in India. Duke University Press.
Herd, P. (2015). How administrative burdens are preventing access to critical income supports for older adults: The case of the Supplemental Nutrition Assistance Program. Public Policy & Aging Report, 25(2), 52–55.
Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.
Moynihan, D. P., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 43–69.
Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.
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