Las reglas de origen son, quizá, el punto más sensible. Estados Unidos busca endurecerlas para evitar que productos de terceros países —especialmente asiáticos— ingresen al mercado norteamericano a través de México. Esto implica presionar para que una mayor proporción de los insumos y procesos productivos se realicen dentro de la región. Para México, el desafío es mantener su papel como plataforma manufacturera sin perder competitividad frente a estas exigencias. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una norma, sino el modelo de integración industrial.
El tema de los aranceles refleja una tensión más amplia. Aunque el T-MEC se construyó bajo la premisa del libre comercio, la realidad actual muestra un giro hacia políticas más proteccionistas. Estados Unidos ha utilizado aranceles como herramienta de presión en sectores estratégicos, lo que rompe con la idea de un mercado completamente abierto. México, por su parte, busca evitar que estas medidas se conviertan en un mecanismo permanente que limite sus exportaciones y afecte sectores clave de su economía.
En materia de inversión, el debate también se intensifica. La relocalización de cadenas productivas —impulsada por fenómenos como el nearshoring— coloca a México en una posición estratégica, pero también vulnerable. Atraer inversión implica ofrecer certidumbre jurídica y condiciones competitivas, pero al mismo tiempo mantener márgenes de decisión soberana. La negociación del T-MEC se convierte así en un espacio donde se define cuánto control está dispuesto a ceder el Estado mexicano para asegurar capital.
Desde una perspectiva de poder, la relación sigue siendo asimétrica. Estados Unidos negocia desde una posición de mayor peso económico y capacidad de presión, mientras México intenta equilibrar su dependencia comercial con la defensa de sus intereses nacionales. Esta asimetría no siempre se expresa de forma explícita, pero condiciona el alcance de cada acuerdo. La mesa de negociación no es un espacio neutral, sino un escenario donde las diferencias estructurales se traducen en ventajas concretas.
El componente discursivo también juega un papel central. Mientras el gobierno mexicano enfatiza la cooperación y la integración regional, el discurso estadounidense suele centrarse en seguridad económica, control de cadenas y competencia global. Son narrativas que responden a contextos internos distintos, pero que convergen en la necesidad de redefinir el tratado. La forma en que se comunican estos temas influye directamente en la percepción pública y en la legitimidad de los acuerdos.
En el plano psicosocial, la complejidad del T-MEC contrasta con su impacto cotidiano. Las decisiones que se toman en estas negociaciones afectan precios, empleo y oportunidades, pero rara vez se traducen en un debate accesible para la ciudadanía. El tratado opera como una estructura invisible que organiza la economía sin formar parte del imaginario común. Esta desconexión limita la capacidad de exigir rendición de cuentas y de participar en la definición del rumbo económico.
Lo que revela esta segunda ronda de conversaciones es que el T-MEC está entrando en una fase donde las reglas del juego pueden cambiar de forma significativa. No se trata solo de ajustar cláusulas, sino de redefinir el equilibrio entre apertura, control y soberanía. En un contexto global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de alianzas, México no solo negocia un tratado: negocia su lugar dentro de una economía regional cada vez más estratégica.
Fuente: El País, “Reglas de origen, aranceles e inversiones: los temas a tratar entre México y EE UU en la segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC”, 20 de abril de 2026.
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