Reconocimiento vs redistribución: políticas ‘inclusivas’ que no cambian desigualdad material

 

En el vocabulario político contemporáneo, “inclusión” suele funcionar como palabra-bisagra: puede nombrar desde reformas legales con impacto presupuestario hasta gestos simbólicos que mejoran visibilidad sin tocar las estructuras que producen desigualdad. Ahí nace una tensión clásica que Nancy Fraser formuló con precisión: la justicia moderna no se agota en redistribuir recursos; también exige reconocer identidades y estatus. El problema aparece cuando el reconocimiento se vuelve sustituto —o coartada— de la redistribución: cuando la política pública se especializa en el lenguaje de la dignidad pero se vuelve tímida ante la arquitectura material de ingresos, patrimonio, servicios y poder (Fraser, 1995). Dicho de otra manera: se puede “incluir” sin dejar de empobrecer.

La teoría de Rawls ayuda a entender por qué esa sustitución es políticamente rentable. Si la justicia debe organizarse para que las instituciones mejoren la situación de quienes están peor (el principio de diferencia) y aseguren libertades básicas reales, entonces una política que solo ajusta símbolos, protocolos o narrativas —sin modificar las condiciones que determinan oportunidades de vida— queda corta: reduce fricción moral, pero no altera el piso sobre el que se reproduce la desventaja (Rawls, 1971). Lo inclusivo puede ser legítimo; lo insuficiente es creer que basta.

1) ¿Qué parte es simbólica y cuál presupuestaria?

En términos de diseño público, conviene separar dos niveles que a menudo se mezclan deliberadamente:

A) Inclusión simbólica (estatus y reconocimiento)
Suele expresarse en:

• cambios de lenguaje institucional (manuales, campañas, lineamientos),

• fechas conmemorativas y programas de sensibilización,

• protocolos de trato, atención o no discriminación,

• cuotas o representaciones en órganos consultivos sin poder real,

• certificaciones y sellos de “diversidad” en instituciones y empresas.

Su valor no es nulo. El reconocimiento puede reducir humillación pública, violencia simbólica y barreras de acceso derivadas del estigma. Pero su límite aparece cuando opera como sustituto de política material: reconoce la dignidad sin asegurar las condiciones.

B) Inclusión presupuestaria (redistribución y capacidades reales)
Se verifica en:

• ampliación de servicios (salud, cuidados, educación, justicia),

• transferencias y subsidios focalizados o universales,

• inversión territorial donde se concentra la desventaja,

• reformas laborales (salario, formalización, seguridad social),

• políticas de vivienda, movilidad, conectividad y energía,

• sistemas de cuidados y licencias que cambian el “tiempo disponible” (clave en desigualdades de género).

Aquí el criterio no es discursivo sino contable y operativo: ¿hay dinero, reglas de acceso y ejecución? En una nota de investigación, el indicador duro es el presupuesto: monto, reglas, cobertura, subejercicio, metas y evaluaciones. Cuando la política pública es mayormente simbólica, su huella presupuestaria tiende a ser mínima, difusa o encapsulada en comunicación social y capacitación.

Una señal típica de “inclusión sin redistribución” es el desequilibrio entre visibilidad y capacidad estatal: mucha campaña y poca ventanilla; muchos protocolos y poca infraestructura; mucha narrativa y poca garantía de derechos.

2) ¿Qué efectos no intencionales generan las políticas identitarias?

La crítica no es “contra las identidades”, sino contra la captura de la agenda de justicia por instrumentos de bajo costo material. Los efectos no intencionales más frecuentes son cuatro:

a) Desplazamiento del conflicto: de la desigualdad a la moral

Cuando la política se concentra en reconocimiento, el debate público se reconfigura en términos de lenguaje correcto, símbolos, representaciones y sanciones culturales. Eso puede producir avances éticos, pero también desplaza la disputa sobre impuestos, salarios, vivienda o cuidados hacia una arena menos costosa para el poder económico. La desigualdad estructural queda intacta mientras la conversación se vuelve “cultural”.

b) Tokenismo y representación sin poder

La representación se vuelve un fin en sí mismo: presencia en fotos, paneles, comités, y campañas “diversas”, sin atribuciones para reorientar presupuesto o decisiones. El resultado es una inclusión “de vitrina”: mejora la legitimidad institucional sin redistribuir poder.

c) Segmentación competitiva y debilitamiento de coaliciones

Cuando la política identitaria se gestiona como micro-programas aislados, puede fragmentar demandas, competir por presupuestos escasos y debilitar coaliciones redistributivas amplias. En lugar de “sumar fuerzas” para cambiar instituciones, se atomizan agendas en nichos administrables.

d) Legitima austeridad con un barniz progresista

Este es el efecto más delicado: gobiernos e instituciones pueden presentar una agenda de inclusión como prueba de justicia mientras mantienen disciplina fiscal regresiva, precarización laboral o recortes en servicios. La inclusión simbólica funciona como escudo reputacional: permite decir “avanzamos” aun cuando los indicadores materiales no mejoran.

3) El punto Fraser: el dilema falso y la política “bifocal”

Fraser no propone elegir entre reconocimiento o redistribución como si fueran incompatibles; su argumento es que la justicia contemporánea requiere un enfoque bifocal: corregir injusticias de estatus (reconocimiento) y de clase/estructura (redistribución) sin que una dimensión neutralice a la otra (Fraser, 1995). En términos periodísticos: la investigación debe preguntar siempre qué se gana y qué no se mueve.

La pregunta guía “¿qué parte es simbólica y cuál presupuestaria?” no es solo técnica: es un criterio de veracidad política. Un gobierno puede ser sinceramente inclusivo en discurso y, aun así, sostener un orden social desigual si no altera los mecanismos de distribución: sistemas tributarios, salarios, acceso a cuidados, desigualdad territorial, mercados de vivienda, y la calidad efectiva de servicios públicos. Rawls ayuda a fijar el estándar: si los peor situados no ven mejorar su posición de forma verificable, la justicia institucional es, en el mejor de los casos, parcial (Rawls, 1971).

4) Cómo investigar esto “en duro” (pistas para tu nota)

Si quieres que esta nota opere como periodismo de investigación —y no como ensayo abstracto—, el camino es auditar la brecha entre narrativa y materialidad:

• Presupuesto: ¿cuánto del “programa inclusivo” es gasto operativo real vs comunicación/capacitación?

• Cobertura: ¿cuántas personas acceden, con qué criterios, con qué barreras?

• Capacidad: ¿hay personal, ventanillas, sistemas, tiempos de respuesta?

• Resultados: ¿mejoran ingresos, salud, educación, seguridad, justicia o vivienda?

• Distribución territorial: ¿llega donde está la desventaja o donde conviene políticamente?

• Efectos colaterales: ¿produce vigilancia, estigmas nuevos, segmentación, o desplazamiento del conflicto?

La disputa entre reconocimiento y redistribución suele presentarse como un debate moral: quién merece respeto, quién es visible, quién “cuenta”. Pero su núcleo es institucional: qué derechos se vuelven exigibles y qué desigualdades se vuelven intocables. En democracias de alta desigualdad, la tentación es clara: ofrecer inclusión como símbolo para evitar redistribución como estructura. El reto —teórico y político— es construir políticas que no obliguen a elegir entre dignidad y pan, entre identidad y salario, entre visibilidad y vida material. La justicia, si quiere ser algo más que un lenguaje, tiene que dejar huella en el presupuesto, en la infraestructura y en la experiencia cotidiana de quienes están peor.

Referencias

• Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a “post-socialist” age. New Left Review, 212, 68–93.

• Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.