En abril de 2026, un tribunal de Querétaro, México, se convirtió en protagonista de un experimento poco común: una inteligencia artificial ayudó a redactar dos sentencias judiciales. El caso abrió de inmediato un debate que varios países de América Latina ya venían discutiendo con distinta intensidad: cuánto puede acelerar la justicia la inteligencia artificial sin poner en manos de una máquina la decisión final sobre la libertad o los derechos de una persona.
El propio tribunal estableció con claridad los límites del experimento: la decisión sobre las consecuencias legales de cada sentencia sigue siendo responsabilidad exclusiva del juez, mientras que la inteligencia artificial funciona como una asistente de alta velocidad para tareas de redacción y organización documental, no como una autoridad con capacidad resolutiva propia. Esa distinción, sin embargo, resulta más difícil de sostener en la práctica de lo que parece en el papel.
Los riesgos identificados por especialistas legales son concretos. Uno de los puntos de mayor fricción es la posibilidad de que el sistema produzca alucinaciones, es decir, datos o citas legales inventadas que no existen, además del riesgo de sesgos discriminatorios heredados de los datos con los que fue entrenado el modelo. A esto se suma la preocupación por la pérdida de trazabilidad, la dificultad de reconstruir con precisión cómo un sistema de inteligencia artificial llegó a sugerir determinada redacción o razonamiento.
La respuesta regulatoria en la región fue rápida, pero desigual. El Comité de Ética de la Función Judicial de Ecuador aprobó en junio de 2026 directrices que prohíben explícitamente a los jueces motivar decisiones con algoritmos, valorar la credibilidad de testimonios con inteligencia artificial o perfilar personas mediante estos sistemas. La Corte bonaerense en Argentina fue todavía más allá, prohibiendo directamente que la inteligencia artificial dicte sentencias o valore pruebas, bajo el argumento de que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible por definición.
El matiz que atraviesa todo el debate es que nadie serio propone eliminar por completo a la inteligencia artificial de los tribunales, sino delimitar con precisión dónde termina la asistencia legítima y dónde empieza una delegación de responsabilidad que ningún marco legal actual contempla. Organismos judiciales de distintos países coinciden en un principio compartido: supervisión humana efectiva, transparencia sobre cuándo y cómo se usó la herramienta y formación continua para jueces y abogados que ya conviven con estos sistemas en su trabajo diario.
Lo que distingue a este debate de otros sobre inteligencia artificial es la naturaleza irreversible de muchas decisiones judiciales: un error en una recomendación de compra o en un resumen de noticias se corrige fácilmente, pero un error en una sentencia puede costarle a una persona su libertad, su patrimonio o su reputación de forma difícilmente reparable, lo que explica por qué la justicia se mueve con más cautela que casi cualquier otro sector frente a la adopción de estas herramientas.
Fuentes: El Imparcial, Revista Byte, El Universo (Ecuador), Litigio.com.ar, La Nación (Argentina).
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