El debate migratorio, sin los megáfonos: lo que dicen los datos cuando nadie está gritando

Pocos temas se discuten con tanta polarización binaria como la migración: para un bando, una amenaza cultural y económica que debe frenarse; para el otro, un derecho humano que no debería cuestionarse. Los datos disponibles en 2026 no validan por completo ninguno de los dos extremos, y ese es precisamente el punto: la evidencia empírica rara vez cabe en un eslogan.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2026, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones en mayo, aporta un matiz que suele perderse en el debate: la migración regular y segura contribuye de forma medible al crecimiento económico y al desarrollo, y restringir el acceso a vías legales no reduce el número de personas que migran, sino que las desvía hacia rutas irregulares más peligrosas, incrementando tanto el riesgo para los migrantes como el costo para los propios Estados que buscaban frenar el flujo. En 2024, había 304 millones de migrantes internacionales, aproximadamente 3.7% de la población mundial, una proporción que ha crecido de forma gradual pero constante.

El propio Foro Económico Mundial, en su análisis de tensiones globales para 2026, describe explícitamente lo que llama la "paradoja migratoria": las mismas economías que envejecen y necesitan mano de obra extranjera para sostener su crecimiento son, con frecuencia, las que enfrentan mayor presión política interna para restringir la entrada de esa misma mano de obra. No es una contradicción retórica, sino una tensión estructural real entre necesidad demográfica y economía, por un lado, y capacidad de absorción social y política, por otro.

La investigación académica reciente añade matices adicionales que rara vez llegan al debate público en su forma completa. Un estudio presentado en un taller académico sobre migración y economía, centrado en Chile, encontró que los flujos migratorios presionan simultáneamente la expansión de la vivienda formal e informal, y que los asentamientos informales funcionan como un mecanismo de ajuste que absorbe el exceso de demanda habitacional cuando la oferta formal no logra responder a tiempo —un hallazgo que no respalda ni el relato de "la migración no tiene costos" ni el de "la migración es la única causa de la crisis de vivienda", sino algo más específico: que la migración interactúa con restricciones preexistentes en los mercados de vivienda, amplificando problemas que ya existían. Otro estudio, sobre la relación entre temperatura y migración internacional en más de 150 países, mostró que los modelos tradicionales —basados en promedios anuales de temperatura— subestiman el impacto real del cambio climático sobre la movilidad humana, porque ocultan la exposición a eventos extremos puntuales que resultan más determinantes que el promedio.

Ninguno de estos hallazgos ofrece una conclusión políticamente cómoda para ningún bando: confirman que la migración genera beneficios económicos agregados documentables, y al mismo tiempo confirman que impone costos de ajuste locales reales —vivienda, servicios públicos— que no se distribuyen de forma pareja entre territorios ni se resuelven solos. La política migratoria que mejor podría responder a esa evidencia, sugieren varios de estos estudios, no es la de "abrir" o "cerrar" fronteras como bloque monolítico, sino la de invertir simultáneamente en vías de acceso regular y en la infraestructura local —vivienda, escuelas, servicios de salud— que determina si esos beneficios económicos llegan a sentirse también en el barrio, y no solo en la macroeconomía nacional.

Fuentes: Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Foro Económico Mundial, Universidad de Chile (Departamento de Administración / Toulouse School of Economics).