En julio de 2026, la Asamblea Nacional de Francia aprobó, por 291 votos contra 241, una ley que permite a adultos con enfermedades graves e incurables acceder a medicamentos para poner fin a su vida, tras años de debate político, médico y religioso. Semanas antes, el Parlamento del Reino Unido había rechazado una ley equivalente, por un margen aún más estrecho: 286 votos contra 270. La coincidencia temporal de ambos resultados —uno a favor, otro en contra, con márgenes igual de ajustados— resume con precisión el estado real del debate global sobre la muerte asistida: no hay una tendencia unívoca, sino una discusión que avanza país por país, con resultados que podrían invertirse con apenas un puñado de votos en cualquier dirección.
El mapa legal actual muestra al menos 17 jurisdicciones con algún marco regulatorio, aunque con modelos sustancialmente distintos entre sí. Suiza permite la muerte autoasistida desde 1942 —el registro histórico más antiguo—, bajo la condición de que quien asista no actúe por motivos egoístas; Países Bajos fue pionero en legalizar la eutanasia como tal en 2002, seguido por Bélgica, que en 2014 se convirtió en el primer país en extender la práctica sin límite de edad. En América Latina, Colombia despenalizó el procedimiento desde 1997 por vía judicial, Ecuador lo hizo en 2024 a partir del caso de Paola Roldán, y Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de la región en aprobarlo por vía legislativa, no judicial. En Estados Unidos, el modelo permanece descentralizado: diez estados y el Distrito de Columbia permiten la muerte autoasistida, siguiendo el modelo que Oregón inauguró a nivel mundial en 1994.
Lo que distingue a este debate de otros temas polarizantes es que la discusión no se organiza claramente en un eje izquierda-derecha: coaliciones religiosas de distintas tradiciones se oponen por motivos de sacralidad de la vida, mientras que sectores médicos se dividen entre quienes consideran que ayudar a morir contradice la vocación curativa de la medicina y quienes sostienen que negar esa ayuda, ante un sufrimiento terminal irreversible, contradice la humanidad misma del acto médico. Especialistas en bioética que han revisado la legislación comparada identifican tensiones técnicas recurrentes en cualquier modelo: cómo verificar de forma confiable que el consentimiento es genuinamente voluntario y no producto de presión familiar, económica o de un sistema de cuidados paliativos insuficiente; cómo distinguir entre enfermedad terminal y sufrimiento crónico no terminal, categoría sobre la que varios países han decidido no legislar todavía; y cómo garantizar objeción de conciencia real para el personal médico sin bloquear de facto el acceso al procedimiento.
Un patrón que sí atraviesa a casi todos los países que han legalizado alguna modalidad es el crecimiento sostenido de los casos una vez aprobada la ley: en Canadá, los procedimientos de asistencia médica para morir pasaron de representar un porcentaje marginal de las muertes totales a 4.1% de todas las muertes del país en apenas unos años, un dato que tanto defensores como críticos de la eutanasia citan —cada bando con una lectura opuesta— como evidencia de que el sistema funciona según lo previsto, o de que corre el riesgo de normalizarse más allá de su propósito original. Lo que ningún país ha logrado todavía, coinciden revisiones médicas especializadas, es diseñar un marco legal capaz de satisfacer simultáneamente la autonomía del paciente, la protección de poblaciones vulnerables y el consenso social suficiente para que la ley, una vez aprobada, no vuelva a ser objeto de disputa cada pocos años.
Fuentes: N+ Media, Polls Política México, Wikipedia (Estatus legal de la eutanasia en el mundo), Grupo Milenio, El Sol de México, Metro World News, AMF-SEMFYC.
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