El acceso abierto nació como una promesa igualitaria: que cualquier persona en el mundo, sin importar si su universidad puede pagar suscripciones a revistas científicas carísimas, pudiera leer gratis los resultados de investigaciones financiadas, en su mayoría, con dinero público. Dos décadas después de que ese movimiento tomara fuerza, la evidencia muestra un resultado inesperado: el modelo no eliminó el negocio lucrativo de las grandes editoriales científicas. Simplemente cambió quién paga la factura.
El mecanismo que hizo posible ese cambio se llama Article Processing Charge (APC): una tarifa que el propio investigador —o, más comúnmente, su institución o financiador— paga para que su artículo quede disponible de forma gratuita para cualquier lector, en lugar de que el costo lo asuman las bibliotecas mediante suscripciones. Un estudio del proyecto OPUS, publicado en 2024 y ampliamente citado en 2026, calculó que el gasto global en estas tarifas pasó de 910 millones de dólares en 2019 a 2,538 millones en 2023, y otra estimación más amplia —recogida por The Conversation— eleva la cifra a casi 9,000 millones de euros pagados solo a seis grandes editoriales entre 2019 y 2023: Elsevier, Frontiers, MDPI, PLOS, Springer Nature y Wiley. Los cargos individuales pueden alcanzar los 10,000 euros por artículo en las revistas más prestigiosas.
Lo que documenta el análisis más incisivo del fenómeno es una estrategia editorial de doble cobro: las llamadas "revistas híbridas" —publicaciones tradicionales por suscripción que además ofrecen la opción de pagar un APC para hacer un artículo específico de acceso abierto— permiten a la editorial cobrar simultáneamente a los autores por publicar en abierto y a las bibliotecas por seguir suscritas al resto del contenido. El resultado, señalado por el editor de la revista Science, Jeffrey Brainard, es que el acceso abierto no redujo la concentración del mercado editorial científico: las mismas seis u ocho grandes empresas que dominaban el sistema de suscripciones tradicional siguen controlando la publicación científica bajo el nuevo modelo, ahora con una fuente de ingresos adicional que antes no existía.
El impacto de este esquema recae con especial dureza sobre la ciencia producida fuera de los países más ricos: un informe del CONICET argentino documenta cómo el pago de tarifas que pueden superar los 2,000 dólares por artículo representa, en la práctica, una barrera de entrada real para investigadores de países no centrales, precisamente el tipo de barrera económica que el acceso abierto pretendía eliminar del lado de los lectores, ahora trasladada al lado de los autores. Las respuestas institucionales avanzan en direcciones distintas y a veces contradictorias: los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaron para el año fiscal 2026 un tope máximo a los APC que pueden cobrarse con financiamiento público —una medida que generó más de 900 comentarios públicos, en su mayoría críticos, de investigadores e instituciones que temen efectos secundarios no deseados—, mientras universidades europeas negocian "acuerdos transformativos" con grandes editoriales para que sus investigadores publiquen en abierto sin pago individual, financiados en cambio mediante convenios institucionales globales. Ninguna de estas soluciones, señalan especialistas en comunicación científica, resuelve el problema estructural de fondo: mientras el prestigio académico siga dependiendo de publicar en un puñado de revistas de alto perfil, esas mismas revistas seguirán teniendo el poder de fijar el precio de la "gratuidad" del conocimiento científico.
Fuentes: Biblioguías UAH, The Conversation, Universo Abierto, BUMA/UMA, CONICET, SciELO Colombia, Tesify, UC3M.
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